Francisca Rodríguez ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación
Luis Rebelles/Redacción
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado hoy a nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación a la ex presidenta de la EUC de Costa Ballena, Francisca Rodríguez, al reconocer plenamente los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal. El juicio se ha cerrado con un acuerdo por conformidad.
Francisca Rodríguez ha reconocido que, en su calidad de funcionaria del Ayuntamiento de Mérida, utilizó información privilegiada en la venta de unos terrenos en el polígono industrial El Prado. Igualmente, la Audiencia Provincial le ha impuesto una multa de 220.000 euros, que en caso de impago se transformará en otros tres meses de cárcel.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Francisca de Asís Rodríguez se valió de su puesto de directora de Industria, para participar en una lucrativa operación. Los hechos se remontan a septiembre de 2005, cuando el Ayuntamiento notificó a una empresa portuguesa el expediente de reversión-expropiación de dos parcelas en el polígono El Prado, debido al retraso en unas obras. Por ello, la funcionaria municipal tuvo conocimiento de ese proceso de forma exclusiva, ya que era la única persona con acceso directo al expediente.
A raíz de este requerimiento, la firma portuguesa se encontró en una posición delicada que le condujo a la venta de las parcelas por debajo del valor de mercado. Según fuentes de la Fiscalía, la funcionaria se puso en contacto con un empresario al que propuso que adquiriera los terrenos aprovechando la situación y que después los revendiera. A cambio de la información se repartirían las ganancias al 50%.
De esta forma, en octubre de 2005 la compañía portuguesa vendió al citado empresario los terrenos de El Prado por 1,7 millones de euros. Pocos meses después, en marzo del año siguiente, fueron revendidos por cerca de 4,7 millones.
La acusación pública estima que, para abonar la comisión comprometida, se utilizó la sociedad de otro empresario, la cual aportaría facturas por conceptos inexistentes. Se considera acreditado que así se pagaron 210.000 euros a través de cheques y pagarés. Para justificar el ingreso, la empresa intermediaria elaboró una factura por la reparación de doce camiones. Sin embargo, la compañía de quienes realizaron estos abonos no era propietaria de ningún camión.
Con ese montante, la ahora condenada realizó la compra de un piso en una calle céntrica de Sevilla. Para ocultar su origen ilícito, se hizo constar como compradora una empresa que ni siquiera estaba registrada en el Registro Mercantil y de la que era administradora la madre de la funcionaria municipal.
Como publicó este periódico en los últimos días, Francisca de Asís Rodríguez se enfrentaba a una petición fiscal de ocho años y medio de prisión. En su comparecencia de esta mañana en la sección III de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha reconocido plenamente los hechos. También ha asumido el daño realizado a la empresa portuguesa, a la que ha debido indemnizar con 50.000 euros. Es por ello que se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño y también la de dilaciones indebidas, al tratarse de unos hechos que tuvieron lugar hace doce años.
Finalmente, la Audiencia la ha condenado a tres meses de prisión por un delito de blanqueo y a seis meses y tres años y medio de inhabilitación por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, así como a la citada multa. La misma pena le han impuesto por este último delito al empresario que compró los terrenos, mientras que al que aportó la factura falsa le corresponderán cinco meses de prisión por falsedad documental. Las acusaciones contra la madre de la funcionaria y el hijo del principal implicado han sido retiradas, porque no queda acreditada su participación en los hechos.
Tras destapar este caso EL PERIÓDICO DE COSTA BALLENA hace sólo unos días, Francisca Rodríguez se vio obligada a dimitir la pasada semana como presidenta de la EUC de Rota, en un consejo rector celebrado de forma urgente y exclusiva para este asunto. Pese a que la ex presidenta había estado investigada en este sumario desde 2013, para sorpresa y estupor de muchos vecinos del complejo, la ahora condenada no había puesto en conocimiento del consejo rector su situación procesal como imputada, y ahora ya condenada, por estos graves delitos.