La alcaldesa de Rota, María Eva Corrales y el ex alcalde y actual primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Lorenzo Sánchez Alonso, han sido citados a declarar el próximo día 29 de noviembre en los juzgados de Rota en calidad de imputados por la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en un sumario en el que también tendrá que prestar declaración como imputado el conocido constructor Felipe Castellano.
El sumario fue incoado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en tres convenios urbanísticos que el Ayuntamiento de Rota firmó con la empresa Construcciones Felipe Castellano en 2009 y 2010. Estos acuerdos de obras supuestamente habrían beneficiado ilegalmente a dicha firma constructora. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Rota ha solicitado a la alcaldesa que le remita el proyecto de reparcelación del sector SUNPR/1, ubicado en el acceso principal de Rota, donde se va a ubicar un parque empresarial. Además, el juzgado también ha solicitado un informe sobre los procedimientos de licitación pública para la urbanización de las avenidas El Mayeto y Carbonera, actuaciones de las que resultó adjudicataria la misma empresa.
Según los datos aportados por la Fiscalía, con base en dicho convenio, el Ayuntamiento pagó a la empresa roteña más de medio millón de euros para realizar la urbanización de ese sector, cuando la ejecución de las obras correspondía a la junta de compensación de la zona. De acuerdo con las consideraciones de la Fiscalía, el acuerdo salió adelante sin los preceptivos informes técnicos del propio Consistorio. Las supuestas irregularidades cometidas en la urbanización del polígono industrial ha propiciado la devolución municipal de un préstamo de más de 2,3 millones de euros, intereses incluidos, que el Estado concedió al Ayuntamiento para la construcción de naves nido.
Por su parte, el magistrado que instruye el caso ha citado a declarar también a varios testigos entre los días 15 y 22 de noviembre.
El PSOE, que en su día puso en conocimiento de la Fiscalía estos acuerdos urbanísticos, ha explicado que el juez instructor «ha visto indicios suficientes de que a la hora de aprobar dichos convenios se ha incurrido en un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, ya que el Ayuntamiento presuntamente ha destinado fondos públicos para realizar obras privadas».
El ex alcalde Lorenzo Sánchez también tiene actualmente abierta otra causa en los juzgados roteños, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Esta causa también fue incoada por la Fiscalía Anticorrupción, igualmente por una denuncia que presentó la agrupación socialista roteña. Según la acusación, Lorenzo Sánchez habría autorizado compras a empresas de vestuario laboral vinculadas a su persona, a la vez que ejercía de primer edil en Rota.