La alcaldesa en funciones de Rota, Eva Corrales (PP), ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión y a 12 años y medio de inhabilitación por gratificaciones ilegales a un funcionario, según la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. El fallo también condena al ex concejal Ismael Puyana, al interventor general del Ayuntamiento, a cuatro trabajadores municipales y a la esposa de uno de ellos. El fallo, que absuelve a Lorenzo Sánchez (RRUU), será recurrido al Tribunal Supremo.
La sentencia se conoce casi tres meses después de celebrada la vista oral y recoge el conocido como caso ‘horas extras’, dando por hecho que desde el Ayuntamiento de Rota se tramitaron facturas ilegales en beneficio del funcionario municipal M.G.R., con casi tres décadas de antigüedad en el Consistorio roteño. En concreto, la sentencia cifra en 50.230,30 euros el importe total que este funcionario percibió entre principios de 2004 y finales de 2010 por trabajos extraordinarios realizados fuera de su horario laboral y centrados en labores de confección de las bandas de las sirenas, ninfas de Carnaval y damas de las fiestas patronales. Además, en estas contrataciones también se incluyeron trabajos de elaboración de otros ornamentos como dalmáticas y trajes de los maceros.
Los condenados ya han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo. En este sentido, una de las consecuencias inmediatas que tendrá este fallo judicial será que Eva Corrales, alcaldesa de Rota desde noviembre de 2010, pondrá fin de momento a su carrera política. Concejala desde 1999, Corrales concurrió a las elecciones municipales del pasado domingo como candidata del PP a la alcaldía de Rota, aunque las urnas le dieron diez concejales a la lista socialista encabezada José Javier Ruiz Arana, que el próximo 13 de junio se convertirá en el nuevo regidor de la Villa.
En la sentencia, la Audiencia Provincial asume casi al cien por cien las argumentaciones y las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció indicios de delito en la tramitación de estas facturas desde el primer momento en que la agrupación local de Izquierda Unida (IU) en Rota planteara la primera denuncia a raíz, según manifestaron en su día, de unos escritos anónimos que fueron depositados en el buzón de esta formación política. IU, posteriormente, rechazó ejercer la acusación particular en este caso.